La insuficiencia de las recaudaciones tributaria no envuelve una sola causa.

Víctor L. Rodríguez

Parece que la solución de todos los problemas del sistema tributario pasa por los incentivos o el gasto tributario. Se habla tanto del tema que parece que el día que se eliminen los incentivos o se reduzcan los gastos tributarios a su mínimas expresión todos los problemas del sistema tributario estarán resueltos. Lo más interesante del tema es que traerán expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y como si fuera ministro de Hacienda tal anuncio lo hace el gobernador del Banco Central.

También se establece que las discusiones sobre los gastos tributarios o incentivos se desarrollaron o se desarrollan con la intervención del Director General de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que se supone que en la formulación y aplicación de políticas es un subordinado de Hacienda no del Banco Central, y sus funciones sólo abordan una parte del tema, que no se relaciona con la formulación de la política tributaria, sino con la aplicación administrativa de los tributos.

Todo esto se deriva de una debacle donde las instituciones se desdibujan y las funciones que le son propias se asumen hasta los limites mentales de sus incumbentes. Ni siquiera se espera que los funcionarios relacionados con un tema en el ejercicio público conozcan de que se trata. Lo que podría salvaguardas a las instituciones es que tengan memoria, que tengan un cuerpo de funcionarios que sea permanente, inamovible en el tiempo, reconocidos por sus méritos y en el conocimiento de los temas relativos a las funciones públicas que desempeñan, pero todo esto es una aspiración inalcanzable en sistema político actual.  

Los determinantes para ocupar una función pública son los méritos políticos que conllevan a que todo el mundo aspire por tales méritos a ser ministro o viceministro y menosprecien cualquier cargo de director de departamento. Atosigan las funciones públicas de cacique sin indios y de generales sin tropas. Se llena la administración de lo que en el libro “Principio de Peter” se define como cúspides flotantes. Cargos muy elevados que no tienen nada debajo de ellos, no tienen un subordinado ni una estructura y son sólo nombres con buenos salarios. Los oportunistas que no son de los partidos llegan a los cargos públicos por su capacidad de hacer cualquier cosa y decir lo que gusta al oído de los jefes.

Esto afecta la formulación de políticas cuando cualquiera se define como experto y dicen saber de una materia que nunca ha estudiado. Los objetivos de política económica no se definen dentro de un programa, sino al ojo por ciento y se hace una peor selección de los instrumentos. Los incentivos o gastos tributarios se han otorgados en este país sólo con el fin de dar exenciones a sectores empresariales que no las necesitan, justificadas como medios colaterales para procurar la creación de empleos que muchas veces hubieran existido sin los incentivos. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estableció que en la República Dominicana durante el periodo 1992-2001, en el que no existieron los incentivos al turismo, se construyeron más habitaciones que las creadas durante la vigencia de los incentivos tributarios. El gastos tributario relacionado con el turismo se ha reiterado para otorgar exenciones a hoteles y estructura turísticas ya construidas e incluyendo el polígono central de la ciudad de capital Santo Domingo como un polo turístico, cosa que se hizo una primera vez de forma ilegal a través de una resolución.. 

Mientras se habla de los incentivos o del gasto tributario nadie examina la política de Administración tributaria, que descubre más de 40 esquema de defraudación tributaria, que son delitos, y pocos son los sometidos por tales infracciones y exhibe a funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos América dando cuenta de políticas erróneas, que no dan cuentas sobre el cierre de las brechas de incumplimientos tributarios y sólo hacen énfasis propagandísticos hablando de forma inconclusa de un aspecto particular de la lucha contra de los incumplimientos tributarios, como es la defraudación. 

Los gastos tributarios son la explicación más reiterada para hablar en este país de la baja presión tributaria, presión que afecta más a uno que a otros, y es el argumento más recurrente para hablar de evasión tributaria, pero las señales son contradictorias.  En los últimos ocho años se han aprobado leyes que representan gastos tributarios, independientemente del discurso de Hacienda y de Administración tributaria.  Después de los cambios de la estructura tributaria de la Ley No. 253-12, un director de la DGII decía que había una contra reforma.

El objetivo con el tema del gasto tributario son las exenciones del impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS). El propósito es gravar los bienes de consumo masivo como los que fueron incluidos en el impuesto con la Ley No. 253-12. Tema que surgió por primera vez en un proyecto de reforma tributaria del “Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles” (CREES), cuya elaboración conto la participación del actual Director General de la DGII, que establecía gravar con el ITBIS esos bienes de consumo masivo y parte de los mismo fueron incluidos y gravados con el ITBIS en el 2012. En una reforma elaborada también con la participación del mismo Director General.

También se quiere reducir o gravar el mínimo no imponible del impuesto sobre la renta sin analizar las razones porque se determinó tal mínimo no imponible y los determinantes de la exclusión de muchos asalariados que no pagan el impuesto porque sus salarios son bajos. Con todo esto se ignoran los temas de la defraudación y la evasión o de los incumplimientos tributarios y se habla de amnistía tributaria y se omite hablar de gente que se enriquece sin justificación alguna y no paga impuestos. Únicamente se quiere gravar las rentas de los que tienen menos, de los asalariados, los cautivos de un régimen de retenciones. A través de la no aplicación del ajuste por inflación al mínimo no imponible se están gravando ingresos que el diseño del sistema tributario actual nunca se contemplaron para gravar a los asalariados y los ingresos de la clase media.

La Administración tributaria sólo tiene el objetivo de recaudar y como es el objetivo dominante, independientemente de cualquier otro objetivo de política económica que se pueda lograr con los instrumentos tributarios, o los instrumentos de la política fiscal en su conjunto, únicamente se habla de una eficiencia de recaudatoria sustentada en mitos. Se refieren a los aumentos de las recaudaciones en términos absolutos y de la superación de los estimados cuando en términos relativos, con respecto al PIB, el crecimiento de las recaudaciones no varía significativamente y ni siquiera alcanzan los resultados relativos con respecto al PIB de 2013 y 2014 y no aumenta la presión tributaria y ni los números relacionados con la defraudación y la evasión disminuyen.

Las mejoras administrativas sólo se refieren a sólo un tipo de impuesto, sobre el consumo, como si hubiera un sesgo relacionado con otros fines además del recaudatorio. En el presente los ingresos han sido insuficientes para cubrir el gasto público, porque el sistema tributario no cumple con dicho principio de suficiencia o porque a la Administración tributaria se le agotó el discurso y no puede hablar ni siquiera de la variación en término absoluto de las recaudaciones.