Víctor L. Rodríguez
Parece que la solución de todos
los problemas del sistema tributario pasa por los incentivos o el gasto
tributario. Se habla tanto del tema que parece que el día que se eliminen los
incentivos o se reduzcan los gastos tributarios a su mínimas expresión todos
los problemas del sistema tributario estarán resueltos. Lo más interesante del
tema es que traerán expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y como si
fuera ministro de Hacienda tal anuncio lo hace el gobernador del Banco Central.
También se establece que las
discusiones sobre los gastos tributarios o incentivos se desarrollaron o se
desarrollan con la intervención del Director General de la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), que se supone que en la formulación y aplicación de
políticas es un subordinado de Hacienda no del Banco Central, y sus funciones
sólo abordan una parte del tema, que no se relaciona con la formulación de la política
tributaria, sino con la aplicación administrativa de los tributos.
Todo esto se deriva de una
debacle donde las instituciones se desdibujan y las funciones que le son
propias se asumen hasta los limites mentales de sus incumbentes. Ni siquiera se
espera que los funcionarios relacionados con un tema en el ejercicio público
conozcan de que se trata. Lo que podría salvaguardas a las instituciones es que
tengan memoria, que tengan un cuerpo de funcionarios que sea permanente, inamovible
en el tiempo, reconocidos por sus méritos y en el conocimiento de los temas relativos
a las funciones públicas que desempeñan, pero todo esto es una aspiración inalcanzable
en sistema político actual.
Los determinantes para ocupar una
función pública son los méritos políticos que conllevan a que todo el mundo
aspire por tales méritos a ser ministro o viceministro y menosprecien cualquier
cargo de director de departamento. Atosigan las funciones públicas de cacique
sin indios y de generales sin tropas. Se llena la administración de lo que en
el libro “Principio de Peter” se define como cúspides flotantes. Cargos muy
elevados que no tienen nada debajo de ellos, no tienen un subordinado ni una estructura
y son sólo nombres con buenos salarios. Los oportunistas que no son de los
partidos llegan a los cargos públicos por su capacidad de hacer cualquier cosa
y decir lo que gusta al oído de los jefes.
Esto afecta la formulación de políticas
cuando cualquiera se define como experto y dicen saber de una materia que nunca
ha estudiado. Los objetivos de política económica no se definen dentro de un
programa, sino al ojo por ciento y se hace una peor selección de los
instrumentos. Los incentivos o gastos tributarios se han otorgados en este país
sólo con el fin de dar exenciones a sectores empresariales que no las necesitan,
justificadas como medios colaterales para procurar la creación de empleos que muchas
veces hubieran existido sin los incentivos. Un estudio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estableció que en la República Dominicana durante el periodo 1992-2001, en el que no existieron los incentivos al turismo, se
construyeron más habitaciones que las creadas durante la vigencia de los
incentivos tributarios. El gastos tributario relacionado con el turismo se ha reiterado para otorgar exenciones a hoteles y estructura turísticas ya construidas e incluyendo el polígono central de la ciudad de capital Santo Domingo como un polo turístico, cosa que se hizo una primera vez de forma ilegal a través de una resolución..
Mientras se habla de los
incentivos o del gasto tributario nadie examina la política de Administración
tributaria, que descubre más de 40 esquema de defraudación tributaria, que son
delitos, y pocos son los sometidos por tales infracciones y exhibe a
funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos América dando cuenta de políticas
erróneas, que no dan cuentas sobre el cierre de las brechas de incumplimientos
tributarios y sólo hacen énfasis propagandísticos hablando de forma inconclusa
de un aspecto particular de la lucha contra de los incumplimientos tributarios,
como es la defraudación.
Los gastos tributarios son la
explicación más reiterada para hablar en este país de la baja presión tributaria,
presión que afecta más a uno que a otros, y es el argumento más recurrente para
hablar de evasión tributaria, pero las señales son contradictorias. En los últimos ocho años se han aprobado leyes
que representan gastos tributarios, independientemente del discurso de Hacienda
y de Administración tributaria. Después
de los cambios de la estructura tributaria de la Ley No. 253-12, un director de
la DGII decía que había una contra reforma.
El objetivo con el tema del gasto
tributario son las exenciones del impuesto a las transferencias de bienes
industrializados y servicios (ITBIS). El propósito es gravar los bienes de
consumo masivo como los que fueron incluidos en el impuesto con la Ley No.
253-12. Tema que surgió por primera vez en un proyecto de reforma tributaria
del “Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles” (CREES), cuya elaboración
conto la participación del actual Director General de la DGII, que establecía gravar
con el ITBIS esos bienes de consumo masivo y parte de los mismo fueron incluidos
y gravados con el ITBIS en el 2012. En una reforma elaborada también con la
participación del mismo Director General.
También se quiere reducir o
gravar el mínimo no imponible del impuesto sobre la renta sin analizar las
razones porque se determinó tal mínimo no imponible y los determinantes de la exclusión
de muchos asalariados que no pagan el impuesto porque sus salarios son bajos. Con
todo esto se ignoran los temas de la defraudación y la evasión o de los incumplimientos
tributarios y se habla de amnistía tributaria y se omite hablar de gente que se enriquece sin
justificación alguna y no paga impuestos. Únicamente se quiere gravar las rentas de los que tienen menos, de los asalariados, los cautivos de un régimen de retenciones. A través de la no aplicación del ajuste por inflación al mínimo no imponible se están gravando ingresos que el diseño del sistema tributario actual nunca se contemplaron para gravar a los asalariados y los ingresos de la clase media.
La Administración tributaria sólo
tiene el objetivo de recaudar y como es el objetivo dominante, independientemente
de cualquier otro objetivo de política económica que se pueda lograr con los
instrumentos tributarios, o los instrumentos de la política fiscal en su
conjunto, únicamente se habla de una eficiencia de recaudatoria sustentada en
mitos. Se refieren a los aumentos de las recaudaciones en términos absolutos y
de la superación de los estimados cuando en términos relativos, con respecto al
PIB, el crecimiento de las recaudaciones no varía significativamente y ni
siquiera alcanzan los resultados relativos con respecto al PIB de 2013 y 2014 y
no aumenta la presión tributaria y ni los números relacionados con la defraudación
y la evasión disminuyen.
Las mejoras administrativas sólo se
refieren a sólo un tipo de impuesto, sobre el consumo, como si hubiera un sesgo
relacionado con otros fines además del recaudatorio. En el presente los ingresos
han sido insuficientes para cubrir el gasto público, porque el sistema
tributario no cumple con dicho principio de suficiencia o porque a la Administración
tributaria se le agotó el discurso y no puede hablar ni siquiera de la variación
en término absoluto de las recaudaciones.
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